Querétaro cierra la puerta a deudores alimentarios en el Gobierno Estatal

El Gobierno del Estado de Querétaro anunció una nueva medida que impedirá la contratación de personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios dentro del Poder Ejecutivo, disposición que entrará en vigor a partir de este martes 6 de mayo.

La oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel, informó que la medida aplicará no solamente para quienes busquen integrarse al servicio público, sino también para proveedores, contratistas y personas que ofrezcan servicios por honorarios al gobierno estatal.

“Queda estrictamente prohibida la contratación de cualquier persona que se encuentre inscrita en el registro de deudores alimentarios”, expresó la funcionaria durante el anuncio realizado en presencia del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

De acuerdo con las autoridades, esta acción busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, garantizando el cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de madres y padres responsables.

La disposición también abarcará procesos de adquisiciones y obra pública, por lo que cualquier persona o empresa vinculada con adeudos alimentarios podría quedar impedida para participar en contratos gubernamentales.

Asimismo, se dio a conocer que la estrategia contempla coordinación con distintas dependencias estatales. Entre ellas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que buscará impedir la expedición o renovación de licencias de conducir a quienes aparezcan en el padrón de deudores alimentarios.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres brindará asesoría gratuita en temas relacionados con obligaciones alimentarias y acompañamiento legal.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri señaló que actualmente en Querétaro se registran más de 20 mil juicios por pensión alimentaria cada año, aunque únicamente poco más de 200 personas aparecen formalmente inscritas en el registro correspondiente.

Autoridades estatales destacaron que esta política sería la primera en su tipo a nivel nacional, al extender las restricciones no solo al acceso a cargos públicos, sino también a proveedores y contratistas del gobierno.

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